El asunto de los concursos públicos, básicamente esas ofertas en las que una institución pública debe desplegar un conjunto de documentos que conforman un requerimiento para cubrir un servicio o un sistema, es sin duda un tema de debate serio y complejo. En España, donde vivo, es habitual ver muchas de estas convocatorias, entre otras cosas porque son de obligado cumplimiento, en muchos casos, para ofrecer alternativas a diferentes empresas, que pueden de este modo competir de igual a igual por ganar el concurso y hacerse cargo del servicio.
Todo esto es muy bonito y democrático, pero, desgraciadamente y como sucede a menudo, muchos de estos concursos son sospechosos de no contar con todas las garantías de igualdad de oportunidades que deberían ser su naturaleza primordial.
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